El cambio no solo afectará a los contratistas. Las empresas también tendrán que revisar su información laboral, clasificar a sus trabajadores, adaptar los procesos de nómina y actualizar sus mecanismos de contratación y seguridad social. Actualmente, según el análisis de KPMG, el trabajador independiente realiza directamente sus aportes. Con el nuevo esquema, el contratante deberá descontar de los honorarios el valor de la cotización y efectuar el pago al sistema.
Esto no significa que desaparezca la obligación del contratista de realizar la cotización. Lo que cambia es la forma en que se administrará el proceso. En consecuencia, las empresas tendrán que incorporar el descuento y pago de los aportes dentro de sus circuitos internos de contratación, nómina y desembolso de honorarios. La adaptación de las compañías no se limitará a los contratistas. También tendrán que determinar qué trabajadores estarán cobijados por el régimen de transición y cuáles ingresarán al nuevo sistema pensional.
La reforma establece el régimen de transición para mujeres con 750 semanas o más cotizadas y hombres con 900 semanas o más. Quienes no cumplan esos requisitos y estén sujetos a la reforma deberán ingresar a la nueva estructura. Esto significa que en una misma empresa podrían coexistir trabajadores con diferentes reglas pensionales. Primero deberán depurar y actualizar la información laboral y de seguridad social. Después, tendrán que clasificar a cada trabajador o contratista según las reglas que le correspondan y, a partir de ese diagnóstico, modificar los procesos internos.
La fecha clave será el 1 de abril de 2027, cuando comenzarán a aplicarse las disposiciones de la reforma avaladas por la Corte Constitucional.