El futuro del hospital de primer nivel de Pitalito vuelve a quedar en incertidumbre luego de que el Ministerio de Salud y Protección Social ordenara el reintegro de más de $35.700 millones destinados a la construcción de esta infraestructura, una obra que actualmente permanece suspendida y con un avance físico de apenas el 54 %.
La decisión quedó consignada en la Resolución 1677 del 3 de agosto de 2026, expedida por la Dirección de Infraestructura y Dotación del Ministerio de Salud. El acto administrativo se encuentra en proceso de notificación a la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar, entidad encargada de ejecutar el proyecto.
La notificación constituye un paso fundamental dentro del proceso, ya que permitirá establecer oficialmente los términos para la devolución de los recursos públicos y determinar si la decisión queda en firme.
La situación resulta aún más preocupante debido a que la construcción del hospital permanece suspendida desde el 25 de mayo de 2026, fecha en la que se suscribió el Acta de Suspensión No. 1. Posteriormente, la medida fue prorrogada mediante un nuevo acuerdo firmado el 8 de julio de 2026, manteniendo paralizadas las actividades en el frente de obra.
Con este panorama, el proyecto enfrenta un doble desafío: la interrupción de los trabajos y la obligación de devolver los recursos asignados por el Gobierno Nacional, pese a que la infraestructura aún está lejos de ser terminada.
La decisión del Ministerio no surgió de manera repentina. Desde finales de 2024, la cartera de Salud venía realizando requerimientos a la E.S.E. Manuel Castro Tovar para solicitar información y aclaraciones sobre la ejecución de los recursos destinados al proyecto.
La presión institucional aumentó en abril de 2025, cuando se pidió evaluar posibles actuaciones por presuntos incumplimientos relacionados con la ejecución contractual.
Entre finales de 2025 y mediados de 2026 se emitieron más de una docena de requerimientos formales, en los que el Ministerio insistió en la entrega de información y en la adopción de medidas administrativas frente a las observaciones detectadas.
El proceso tomó un rumbo definitivo el 6 de abril de 2026, con la elaboración del informe final de ejecución que dio paso al procedimiento administrativo de reintegro de los recursos.
Aunque la E.S.E. presentó descargos y ejerció su derecho de defensa, el Ministerio concluyó que los documentos aportados no fueron suficientes para demostrar la adecuada utilización de los dineros transferidos.
A las dificultades en la ejecución de la obra se suma un aspecto que podría complicar la recuperación de los recursos públicos.
Según la información del proceso, la firma contratista Consultoría y Construcción S.A.S. (ConyCon S.A.S.) habría respaldado el contrato de obra No. 0508 de 2023 y el manejo del anticipo mediante contratos de fianza expedidos por Afianzadora del Oriente, en lugar de pólizas emitidas por compañías aseguradoras autorizadas.
Este punto cobra especial relevancia debido a que entidades como la Superintendencia Financiera, Colombia Compra Eficiente y Fasecolda han señalado diferencias entre las garantías ofrecidas por afianzadoras y las pólizas expedidas por aseguradoras vigiladas para respaldar contratos estatales.
El escenario se torna aún más complejo porque, de acuerdo con la información conocida, ConyCon S.A.S. se encuentra en proceso de insolvencia y registra embargos judiciales, situación que podría dificultar la recuperación efectiva de los recursos en caso de que no se produzca una devolución voluntaria.
Una vez concluya el proceso de notificación y la decisión quede ejecutoriada, se definirá el mecanismo mediante el cual deberán reintegrarse los recursos al Ministerio de Salud.
En caso de incumplimiento, el Estado podría iniciar un proceso de cobro coactivo para recuperar los dineros públicos comprometidos en el proyecto.
Por ahora, Pitalito enfrenta un panorama complejo: un hospital inconcluso, con apenas el 54 % de avance, obras suspendidas, más de $35.700 millones sujetos a devolución y varios procesos de control e investigación en desarrollo. El futuro de la infraestructura dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes y de los resultados de los procesos que actualmente se encuentran en curso.
