En Colombia, la fauna y los ecosistemas afectados por la violencia podrían contar por primera vez con un reconocimiento jurídico específico. Un proyecto de ley, liderado por la senadora Esmeralda Hernández, busca tipificar como delito el uso de animales para transportar explosivos, realizar amenazas o ejecutar actos de tortura, una práctica que actualmente no está explícitamente contemplada en el Código Penal.
La iniciativa acaba de dar un paso decisivo al ser aprobada por la plenaria del Senado, tras su previo visto bueno en la Comisión Quinta. Para convertirse en ley de la República, la propuesta solo deberá superar dos debates pendientes en la Cámara de Representantes.
Con este ajuste legal se busca llenar un vacío normativo dentro del delito de «armas trampa». Según explicó la congresista, aunque la legislación ya castiga la modalidad de artefactos ocultos como el conocido paquete bomba que afectó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, la utilización de animales con fines bélicos no figuraba en la norma.
Más allá del ámbito penal, la iniciativa busca reparar los daños históricos sufridos por la naturaleza a causa de la guerra. La gravedad de la situación la reflejan cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que estiman más de 100.000 animales impactados por el conflicto armado en el país, lo que representa una trágica estadística de una víctima animal cada 30 minutos a raíz de la violencia.
